En medio de la violencia, comunidades trabajan por la paz en Antioquia y Chocó

De la Guerra a la Paz, es una iniciativa que busca fortalecer los procesos de excombatientes y comunidades en los departamentos de Antioquia y Chocó,
directamete ejecutada por  la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y el respaldo de la Misión Evangélica Luterana de Finlandia quienes hacen presencia en los municipios de Frontino, Dabeiba y Mutatá en Antioquia y en el municipio de Carmen del Darién en Chocó.

Como fruto del proceso de paz, en lugares como Frontino, conviven 30 comunidades indígenas, un Consejo comunitario afro, población campesina y cerca de 60 excombatientes que se establecieron en una zona donde pese a los esfuerzos, la violencia parece persistir.

Según Edwin Mosquera, coordinador del proyecto, desde la firma del Acuerdo, nunca hubo un papel protagónico del Gobierno, que dentro de sus responsabilidades debió priorizar el desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que ahora tienen el control territorial y social de la zona que resulta estratégica para la movilidad de grupos armados como Clan del Golfo o  autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN.

Dicho fenómeno comenzó a evidenciarse desde el 2019 cuando regresaron los enfrentamientos por el territorio entre los grupos armados y en los que quedaron en medio los excombatientes y las comunidades indígenas que viven en continua zozobra debido a las amenazas, desplazamientos internos y confinamientos derivados de la implantación de minas antipersona.

La más reciente de estas amenazas se dio a mediados de abril de este año, cuando 15 personas pertenecientes a tres familias de excombatientes que habitaban en Blanquita Murrí, jurisdicción de Frontino, tuvieron que desplazarse forzadamente al área de Reincorporación en Dabeiba, producto de las amenazas del Clan del Golfo.

“Hay miedo sin duda alguna, hay mucha preocupación de la persecución de la que están siendo víctimas” relata Mosquera quien denuncia que es evidente la ausencia del Estado, que no solo debería responder con militarizar las zonas sino a su vez tendría que aportar al desarrollo social con presencia civil en los territorios.

Cabe resaltar que, tras la firma del acuerdo de paz, según el Partido FARC han sido asesinados cerca de 200 excombatientes y según información sustentada por el informe ¿Cuáles son los patrones? En este periodo de Post Acuerdo serían más de 600 los líderes y lideresas sociales asesinadas, de los que al menos 70 lo habrían sido en lo corrido del año 2020.

Pese a las amenazas, se continúa con el trabajo articulado junto a las comunidades campesinas, ancestrales y excombatientes. Quienes, en jurisdicciones como Blanquita Murrí, han creado la Mesa Interétnica de Paz, en la cual participan líderes campesinos, gobernadores indígenas, presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes del Consejo Comunitario afro y firmantes de la paz. El propósito es generar un espacio de formación y elaboración de herramientas encaminadas a permitir el avance del acuerdo, incluso en medio de las dificultades que ha representado la implementación del mismo.

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